Formar estudiantes, no informantes
Por: Carlos Vásquez Tamayo
Profesor Instituto de Filosofía
Universidad de Antioquia
teseo@une.net.co
¿Será acaso que las instancias gubernamentales no saben a ciencia cierta cuál es el sentido y la misión de la educación?
Que el Presidente de la República, con la anuencia de algunas autoridades locales, venga a Medellín a plantear que nuestros estudiantes se conviertan en informantes a sueldo, no sólo resulta preocupante sino perturbador.
¿Acaso no conoce él y no aprecian ellos en qué han venido trabajando las universidades en nuestra ciudad, a qué valores sirven, cuáles son sus compromisos y sus propósitos?
La universidad es un espacio para el cultivo del conocimiento riguroso, en consonancia con tradiciones universales y de cara a las aspiraciones del mundo de la vida.
En sus predios ha de reinar la transparencia, nos debe guiar la generosidad, el respeto por todas las opiniones, en un tú a tú que no esté viciado por astucias mezquinas. En la universidad, por fortuna, estar en desacuerdo no se traduce en violencia.
Pretender que algunos estudiantes se vuelvan informantes a sueldo, desvirtúa su vocación, ofende su ética, humilla sus ideales.
Que por demás no son sólo los suyos sino también los de sus familiares y amigos, los de sus vecinos de barrio, los de una ciudadanía sensata y propositiva: aunque algunos no quieran creerlo, esa sociedad espera mucho de sus estudiantes, del conocimiento y la cultura ilustrada, formas de aplacar la avalancha de la insensatez y la barbarie.
La cultura universitaria está basada en la coherencia entre el pensamiento y las intenciones, en la lealtad con los principios y las personas.
Decirle a un universitario que se le va a pagar para que delate, es ofenderlo en su consciencia, desconocer que él asume libremente sus deberes y ejerce sus derechos.
La universidad no es permisiva con la ilegalidad: se confía a los mecanismos que la constitución y la ley definen para enfrentarla.
En la universidad hablamos de lo que sabemos y para que todos nos oigan, cultivamos en ella una comunicación sin sospechas.
¿No sería acaso más coherente y urgente que esos mismos gobernantes mostrasen un interés sincero en cumplir con su deber constitucional con la educación, garantizando su funcionamiento real y su financiamiento?
¡Qué ironía!: nos esforzamos por abrir espacios para más y más jóvenes a la educación y ahora se viene a seducir a esos jóvenes para que se aneguen, co n el señuelo de una suma de dinero, en el fango de la guerra.
Es como si se olvidara que la universidad es un espacio dedicado a formular propuestas para la vida en comunidad, con todas las exigencias que ello acarrea: estudiando a fondo los problemas, desarrollando saberes comprometidos con las necesidades de los ciudadanos.
Todo ello según valores inalienables: el de la honradez de pensamiento y consciencia, el de la autenticidad en el compromiso con la verdad y la justicia.
Lo que reclamamos es que no se desvirtúe el espíritu universitario con propuestas como la referida, la cual hace pensar que no se valora lo suficiente el papel que cumplimos en una sociedad lacerada por la desigualdad, humillada por la pobreza, excluida por los privilegios.
A mí la idea de redes de informantes a sueldo, practicada en nuestro país desde el 2002, me resulta del todo inapropiada, éticamente censurable, políticamente dañina si de lo que se trata es de fortalecer un estado de derecho.
Pretender ahora incluir en dichas redes a los estudiantes, es una falta de consideración con la universidad, un signo de la estrechez de miras hacia la educación, comprometida como está en cimentar lazos de confianza entre los ciudadanos.
La universidad nos recuerda: sin lealtad no hay comunidad; sin transparencia no hay comunicación; sin confianza no hay sociedad; sin solidaridad no es viable un proyecto de nación.
Hablo como universitario, y sobre todo como profesor: cada día en las aulas estimulamos entre los estudiantes la convicción de que el conocimiento comprometido con las aspiraciones de la comunidad, es una acción indispensable y prioritaria para buscar salidas inteligentes al conflicto en que nos han sumido el egoísmo y el imperio del odio.
Estudiantes-informantes: una jugada del Presidente contra Sergio Fajardo
La idea del presidente Uribe de “vincular a mil jóvenes estudiantes de Medellín como informantes de la Fuerza Pública para desterrar el homicidio” y de pagarles 100 mil pesos mensuales fue exclusivamente suya. O al menos no la comentó con los que hubiera sido natural hacerlo. No fue consultada ni con el alcalde de Medellín Alonso Salazar ni con la ministra de Educación Cecilia María Vélez; y a juzgar por las declaraciones de Gabriel Silva, hasta el Ministro de Defensa quedó fuera de base. ¿Otro acto de campaña?
La primera reacción del alcalde Salazar fue bastante prudente. En cuanto conoció la noticia el martes en la noche, dijo que no tenía el ánimo de entrar a polemizar con el Presidente. No obstante, el miércoles dijo abiertamente que no apoyaba la idea. Por su parte, la ministra Vélez se sorprendió cuando conoció la noticia. La Silla Vacía supo que inmediatamente ella llamó a Uribe a manifestarle su desacuerdo total de utilizar estudiantes como informantes de la Fuerza Pública.
El martes pasado el presidente Álvaro Uribe fue recibido en el aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, por el alcalde Alonso Salazar; el gobernador Luis Alfredo Ramos, y los altos mandos militares y policiales del departamento.
Foto: Felipe Ariza - SP
Mientras Uribe llegaba a Davos, Suiza, al Foro Económico Mundial, el ministro Silva aclaró que el Presidente había sido “malinterpretado”, y que la propuesta no incluiría menores de edad.
Y es que con esta idea de los estudiantes-informantes, el Gobierno está entrando en arena movediza: si hay un tema que le importe a la comunidad internacional, en especial a Naciones Unidas, es la vinculación de menores de edad en el conflicto, tanto por el Gobierno como por los grupos armados. Es más, la única vez que el Secretario General presentó un informe específico sobre Colombia al Consejo de Seguridad, fue en relación con el involucramiento de niños en la guerra.
Las críticas han venido de todas partes, tanto de académicos como de políticos de lado y lado. “Los jóvenes estudiantes no se deben involucrar con el señalamiento de integrantes de grupos armados. Esto se vuelve un arma de doble filo: los pone en riesgo y propicia violencia contra ellos. Además, no tienen la madurez suficiente para involucrarse en este tipo de cosas”, dijo a La Silla Vacía Jaime Restrepo Cuartas, representante a la Cámara por el partido de La U y ex rector de la Universidad de Antioquia.
¿Habló el candidato?
Algunas fuentes consultadas por La Silla Vacía creen que esta declaración simplemente hace parte del estilo de Álvaro Uribe. Una decisión acalorada y fuerte que no pasa por sus asesores. Ante la creciente ola de violencia en Medellín – los homicidios aumentaron 64% en 2009 –, y haciendo gala de su estilo personalista, centralista y frentero, el Presidente simplemente ‘tomó el toro por los cuernos’ y propuso alguna salida para el problema de la seguridad en las ciudades. Una grieta que inevitablemente le mueve el piso a la política de Seguridad Democrática y que es un gran problema para Medellín.
Otras personas consultadas consideran que esta no es una idea improvisada. "Es una propuesta para llegarle a un sector específico, que son los jóvenes. Y además es algo que polariza y obliga a generar controversia. El Presidente ha aprendido de los Republicanos, en Estados Unidos, que no hay mejor manera de hacer campaña que polarizar”, dijo a La Silla Vacía el analista político Álvaro Forero.
"Cuando el Presidente empieza a proponer este tipo de cosas uno no sabe qué terreno está pisando", opina Juan Fernando Londoño, también analista político. "Esto de los informantes lo propuso también hace ocho años y no sabemos qué tanto funcionó y qué pasó después".
Con sus palabras, Uribe cambió el libreto de los medios de comunicación, que venían haciendo eco de las críticas contra la reforma en salud y además, obligó a los candidatos presidenciales a responder. Sobre todo a Sergio Fajardo, quien para el Presidente puede ser el rival de más peso en las elecciones presidenciales, sobre todo si al final, como parece, el referendo no alcanza a salir a tiempo para repetir en 2010 y Uribe queda obligado a buscar a uno de sus sucesores para pasarle la posta. Sucesores que hacen campaña en el nombre de su padre y que se están enfriando en la banca.
Juan Manuel Santos y Marta Lucía Ramírez, ambos ex ministros de Defensa de Uribe, salieron inmediatamente a respaldar la decisión. Y Fajardo, que en el tema de la deteriorada seguridad en Medellín ha sido muy cauteloso, respondió como no lo había hecho hasta ahora. "Esto va en contravía de lo que necesitamos. Es un error garrafal que va en contravía de una apuesta por la transformacion del país", dijo en un comunicado. En este punto, no pudo ser "ni antiuribista ni uribista". Le tocó plantarse en la orilla opuesta al Presidente, algo a lo que seguramente Uribe intentará obligarlo cada vez más.
El Presidente tiene sus ojos puestos en Medellín desde hace meses. En marzo pasado, en un consejo comunitario en Antioquia, dijo que la seguridad en la ciudad era un "maquillaje" que se había caído, en lo que se entendió como una abierta crítica a la gestión de Fajardo como alcalde. Y en diciembre, en otro consejo comunitario, coordinó directamente las acciones de seguridad con la Policía, e incluso designó a un equipo de su gabinete para que monitoreara los avances. El alcalde Salazar simplemente asintió.
Diversas fuentes en la ciudad coinciden en señalar que el Salazar está debilitado, distanciado de las autoridades y con un gabinete cojo. Ha tenido tres secretarios de Gobierno. El último, en calidad de encargado, también renunció y el cargo está vacante. Además, el Alcalde no tiene margen de maniobra. Salazar fue secretario de Gobierno de Fajardo y el símbolo de continuidad de éste, y poner el espejo retrovisor y criticar lo que dejó su antecesor, es torpedear la campaña de su mentor.
En ese contexto, el Presidente no tiene peros y aprovecha la oportunidad. "Con esta actuación, Uribe manda un mensaje: 'el alcalde de Fajardo no funcionó", agrega Álvaro Forero.
Esta propuesta, típica de campaña, se suma a lo que el presidente viene haciendo en las últimas semanas. Aunque suspendió la transmisión de los consejos comunitarios después de la sugerencia del Procurador, precisamente en este espacio presentó a varios candidatos al Congreso el fin de seman pasado en Soacha. Y viene dando entrevistas extensas a emisoras locales. Tal y como lo hizo en 2006, cuando además no concedió entrevistas a medios escritos nacionales. Su última aparición fue el martes en la mañana: habló durante una hora por Radio Paisa AM sobre la situación en Medellín. Habló como candidato y habló como Presidente.
"Estudiantes informantes son un gran riesgo", dice analista Ricardo Cruz
La decisión del Presidente Uribe de pagarles $100.000 a estudiantes para que denuncien bandas delincuenciales en Medellín es arbitraria y pone en peligro la comunidad educativa.
La reciente propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez de vincular por lo menos 1.000 jóvenes estudiantes a la Red de Cooperantes para que suministren información eficaz y oportuna que ayude a desarticular las bandas de delincuencia organizada que vienen sembrando el terror en las comunas de Medellín, revive los fantasmas de la Directiva Ministerial 029 de 2005, tristemente recordada por su incidencia en el flagelo de las ejecuciones extrajudiciales.
Como se recordará, el documento expedido el 17 de noviembre de 2005 por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, actualmente candidato a Fiscal General de la Nación, promovía el pago de dineros a aquellos miembros de la Fuerza Pública que dieran cuenta de incautación de armamentos, elementos logísticos y cabecillas de grupos al margen de la ley.
Las consecuencias de dicho "estímulo" tienen hoy al Estado colombiano enfrentado a la opinión pública nacional e internacional por cuenta de esta grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Pero todo parece indicar que la lección no quedó aprendida.
Vincular, mediante estímulos económicos, a jóvenes escolarizados a los programas de informantes que maneja la Fuerza Pública va en contravía de las normas humanitarias, pues no sólo involucra a población escolar activamente en la problemática de orden público que azota a la capital antioqueña sino que además, traslada la responsabilidad de la seguridad ciudadana a un sector poblacional altamente afectado por el recrudecimiento de la violencia urbana.
Basta detenerse en las estadísticas: según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en lo que va corrido del año han sido detenidos cerca de 90 menores de edad en comisión de graves delitos. Por lo menos 20 de ellos fueron aprendidos con sofisticadas armas de fuego en su poder. De los 3.165 hombres que integran los 128 grupos armados identificados por la Fuerza Pública, cifra que puede quedarse corta, cerca de un 70% son menores de edad.
De ahí que la iniciativa sea regresiva en cuanto recrudece los procesos de estigmatización que viven los jóvenes de Medellín (o son pillos o son sapos); fortalece una lógica de amigo - enemigo con la que se regiría la vida cotidiana; debilitaría aún más el tejido social en la ciudad, ya bastante fracturado por la misma situación de inseguridad y en esa medida, afectaría aquellos procesos juveniles que propenden por alternativas de vida no violentas.
Y es que lo sucede actualmente en Medellín amerita la formulación de una política integral de seguridad ciudadana que trascienda el componente meramente militar que, como ha quedado demostrado, ha sido ineficaz a la hora de frenar la escalada de asesinatos, enfrentamientos armados, control armado, imposición de límites barriales, desplazamientos forzados, entre otras prácticas violatorias a los derechos humanos de las comunidades.
Una política que parta de diagnósticos acertados pues los que se han formulado hasta ahora han sido bastantes modestos. Medellín se enfrenta a disputas entre poderosas mafias cuyos tentáculos llegan a sectores de la legalidad que no han sido develados. En este escenario, el control por el micro-tráfico de estupefacientes que libran muchachos armados de fusiles en las empinadas laderas de la cuidad es sólo un eslabón de una larga cadena de actividades ilícitas que hoy están en juego.
Una política que vincule a todos los estamentos de la sociedad y que, además, recupera la confianza de la ciudadanía en las autoridades legítimamente constituidas. Claro está, para lograrlo se requiere de una Fuerza Pública sintonizada con los temores y necesidades de las comunidades y de una oferta estatal lo suficientemente atractiva, incluyente y sostenible pues aunque suene a viejo cliche, las condiciones de pobreza y exclusión que viven muchos barrios de Medellín han permitido la expansión de estas estructuras armadas gracias a sus falaces promesas de dinero y poder.
Por último, urge una política que tenga como eje la participación ciudadana y como horizonte el respeto por los derechos humanos. Los Estados democráticos se fortalecen cuando otorga garantías de respeto incluso para sus delincuentes. Lo contrario sería el reino de la arbitrariedad. Sólo así se logra la legitimidad de las autoridades ante sus ciudadanos, que a su vez incentiva la colaboración de la sociedad en la resolución de problemáticas tan complejas, como lo es ahora la violencia urbana.
Por: Ricardo Cruz,
Instituto Popular de Capacitación (IPC)
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